Madrid, a 21 de septiembre de 2026.- La política española atraviesa uno de sus momentos más oscuros en décadas. Lo que comenzó como una legislatura de promesas progresistas ha derivado en un cúmulo de causas judiciales que salpican a los nombres más relevantes del panorama institucional: desde el hermano del presidente del Gobierno hasta un expresidente, pasando por la esposa del propio jefe del Ejecutivo. Un rosario de imputaciones y condenas que, más allá de las responsabilidades individuales que cada caso pueda determinar, ha instalado una sensación generalizada de descomposición institucional en un país que afronta desafíos mayúsculos.
El hermano del presidente: primera condena en el entorno familiar
El pasado 13 de julio, la Audiencia de Badajoz condenó a David Sánchez, hermano del presidente Pedro Sánchez, a nueve años de inhabilitación para empleo público como autor por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa. Los jueces consideraron que su plaza en la Diputación de Badajoz era «innecesaria y estaba vacía de contenido».
La reacción política no se hizo esperar. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, calificó la sentencia como la «tercera condena en su entorno», en referencia a las del exfiscal y el exministro Ábalos. Desde Vox, José María Figaredo fue más allá y afirmó que la sentencia demuestra que «estos tipos son unos chorizos». David Sánchez ha anunciado que recurrirá la sentencia.
Zapatero: de la Moncloa al banquillo
Apenas un mes antes, el 19 de mayo, la Audiencia Nacional imputaba al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en el caso del rescate de la aerolínea Plus Ultra.
La investigación, que consta de casi 4.000 folios, se originó a partir de solicitudes de cooperación de Francia y Suiza, que investigaban una red de blanqueo ligada a Venezuela. Zapatero ha negado su mediación y ha defendido el «absoluto respeto a la legalidad» en toda su actividad.
Dentro del propio PSOE, la imputación provocó un terremoto interno. Fuentes socialistas hablaron de «shock» y «pena», mientras que el líder de los socialistas en Castilla y León, Carlos Martínez, reconoció que «el golpe es durísimo». Desde Sumar, socio de Gobierno, se pasó de acusar directamente de «lawfare» a pedir «prudencia» y reconocer que el auto «no huele bien».
Begoña Gómez: la sombra que acompaña al presidente.
El caso más delicado, por su proximidad al propio jefe del Ejecutivo, es el de Begoña Gómez. Este lunes 20 de septiembre, el juez Juan Carlos Peinado abría juicio oral contra la esposa del presidente por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. La Audiencia Provincial de Madrid avaló la decisión, aunque corrigió al instructor al archivar dos de los delitos inicialmente atribuidos: corrupción en los negocios y apropiación indebida.
La acusación popular que lidera Hazte Oír solicita penas de hasta 13 años de cárcel para Gómez, mientras que la Fiscalía y las defensas piden su absolución.
La reacción del Gobierno fue inmediata y contundente. Fuentes de La Moncloa «condenaron» la decisión judicial, calificando la instrucción de «arbitraria e injusta» y denunciando una «persecución política» contra la esposa del presidente. La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, calificó la decisión como «el último servicio a la patria antes de colgar la toga», en referencia a la inminente jubilación del juez Peinado.
El propio Sánchez ha defendido en el Congreso la inocencia de su mujer y su hermano, ofreciendo lo que denominó «cinco hechos irrefutables», entre ellos que la cátedra de Gómez en la Universidad Complutense le reportó «cero euros» o que la plaza de su hermano se convocó cuando él «ni siquiera era diputado». El presidente ha llegado a afirmar que las causas contra su entorno responden a una estrategia de «lawfare» impulsada por «asociaciones ultraderechistas» con el respaldo de PP y Vox, y que eso «no es una opinión, es un hecho».
Una legislatura de sombras.
El cúmulo de causas judiciales que afectan al entorno más cercano del presidente y a figuras históricas del partido que gobierna ha generado una tormenta perfecta. Los medios han llegado a contabilizar «nueve tramas» que salpican al PSOE, incluyendo el llamado «caso Koldo» y la investigación sobre la «Leire Díez» que llevó a la Guardia Civil a registrar la sede del partido durante doce horas.
La paradoja es que, según los barómetros del CIS, el PSOE sigue siendo la fuerza más votada, con estimaciones de entre el 31% y el 33% de los votos, y Pedro Sánchez continúa siendo el líder político mejor valorado. Sin embargo, la confianza que inspira el presidente se sitúa en un 29,6%, frente al 69,1% que afirma que le inspira «poca o ninguna» confianza.
La deslegitimación de la clase política.
Más allá de las responsabilidades penales que finalmente establezcan los tribunales, lo que estos casos evidencian es una crisis profunda de la clase política española. La sucesión de imputaciones y condenas que afectan al entorno presidencial y a expresidentes ha instalado una narrativa de sospecha permanente que contamina la vida institucional.
Los partidos de la oposición han encontrado en estos casos un arma arrojadiza de primer orden. El PP ha pedido directamente la dimisión de Sánchez, mientras que Vox ha calificado a su entorno de «chorizos» y ha acusado al presidente de haber «arrastrado» la Presidencia del Gobierno «al banquillo de los acusados». El PP, a través de su secretario general, Miguel Tellado, ha defendido que «los jueces no son fachas ni persiguen al Gobierno, hacen su trabajo y aplican la ley».
Desde el Gobierno, la respuesta ha sido la deslegitimación sistemática de la instrucción judicial, señalando al juez instructor y denunciando una «cacería judicial» contra la izquierda. Esta estrategia, que puede ser legítima en términos procesales, tiene un coste: contribuye a erosionar aún más la confianza ciudadana en las instituciones y en la separación de poderes.
En un momento en que España afronta desafíos económicos, sociales y territoriales de gran calado, la clase política ofrece un espectáculo de acusaciones cruzadas, causas judiciales y descalificaciones mutuas que dificulta cualquier atisbo de gobernabilidad y aleja a los ciudadanos de sus representantes.
La legislatura se acerca a su recta final, con elecciones municipales, autonómicas y generales en el horizonte. Los casos judiciales que salpican al Gobierno y a su entorno más cercano marcarán inevitablemente la campaña electoral. Lo que está en juego no es solo el futuro político de Sánchez o de su partido, sino la credibilidad de todo un sistema institucional que, a fuerza de escándalos, va perdiendo la confianza de quienes debería servir.
