Candelaria, a 10 de enero de 2026.- El presidente Pedro Sánchez ha alcanzado un acuerdo preliminar con ERC para un nuevo modelo de financiación autonómica que garantizaría a Cataluña 4.700 millones adicionales de forma estructural, convirtiéndola en la principal receptora de nuevos fondos. Este pacto, que consagra el principio de «ordinalidad» para Cataluña, ha desatado la alarma entre las comunidades gobernadas por el PP, que ya han anunciado su rechazo. Mientras tanto, Canarias, que además enfrenta el riesgo de un recorte del 20% en los fondos europeos para las regiones ultraperiféricas, observa con preocupación cómo este acuerdo podría redefinir la distribución de recursos en España.
El acuerdo, anunciado por el líder de ERC, Oriol Junqueras, y respaldado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, establece que Cataluña, al ser la tercera comunidad en aportar al sistema común, se asegura ser la tercera en recibir. Este principio de ordinalidad ha sido una exigencia histórica del nacionalismo catalán y garantiza que su posición en el ranking de financiación no empeore.
- Garantía de recursos: Cataluña obtiene el 26% de los 18.000 millones de euros adicionales que el Gobierno planea inyectar al sistema, lo que se traduce en 4.700 millones más de forma permanente y creciente.
- Cambio estructural: El modelo introduce una «cuota de solidaridad» que reforma el reparto. Aunque el Gobierno afirma que todas las comunidades saldrán beneficiadas, las gobernadas por el PP denuncian agravios comparativos y han mostrado un rechazo frontal.
- Camino hacia la bilateralidad: El pacto sienta las bases para que Cataluña gestione la recaudación de impuestos como el IRPF, acercando su modelo al régimen foral, aunque este punto requiere aún un desarrollo legislativo complejo.
Doble desafío para Canarias: disputa interna y amenaza europea.
La preocupación en Canarias es particularmente aguda, ya que la comunidad autónoma enfrenta una doble presión: la redistribución interna de fondos y una posible merma de apoyo comunitario.
Tensión con el Gobierno central.
A pesar de que el presidente Sánchez ha declarado que los Presupuestos Generales del Estado para 2026 «le van a sentar bien» a Canarias y ha destacado un récord histórico de inversión, existe un malestar palpable por lo que se percibe como incumplimientos crónicos.
La diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, ha interpelado públicamente a Sánchez, exigiendo no solo más fondos, sino el cumplimiento efectivo de derechos consolidados en el Estatuto de Autonomía, como las tasas aeroportuarias y el coste del transporte de mercancías. Valido denunció que la congelación de estos costes desde 2019 ha encarecido la cesta de la compra de los canarios en un 32%.
La amenaza en Bruselas.
Paralelamente, Canarias se enfrenta a una amenaza externa de gran calado. La propuesta de la Comisión Europea para el próximo Marco Financiero Plurianual (2028-2034) recorta en un 20% los fondos específicos para las Regiones Ultraperiféricas (RUP), entre las que se incluye el archipiélago.
El eurodiputado socialista canario Juan Fernando López Aguilar ha calificado esta propuesta como un «ataque frontal» que elimina instrumentos vitales como el programa agrícola POSEI o los fondos de compensación de sobrecostes, fundamentales para la economía local. Aunque la Comisión ha adoptado recientemente un «Pacto Europeo de los Océanos» que menciona el apoyo a las RUP, este no compensa la drástica reducción presupuestaria que se planea.
Consecuencias y panorama político incierto
El futuro de este acuerdo es incierto. Su aprobación requiere una mayoría absoluta en el Congreso, lo que fuerza al Gobierno a buscar apoyos en un arco parlamentario fragmentado que incluye desde Junts y el PNV hasta Coalición Canaria. Mientras tanto, las comunidades autónomas, con Canarias en una posición de especial sensibilidad, se preparan para una negociación que definirá el mapa de la financiación y la cohesión territorial en España para los próximos años.
