Candelaria, a 08 de octubre de 2026.- La FECAM ha vuelto a erigirse en portavoz del malestar ciudadano ante el problema de la vivienda en Canarias, una realidad que nadie discute y que ya resulta insostenible para miles de familias. Hasta ahí, el diagnóstico es impecable: el intervencionismo y la inseguridad jurídica lastran la oferta de pisos, y cuando la oferta cae mientras la demanda se dispara, los precios se desbocan. El problema no es el análisis. El problema es que la FECAM pretende vender como solución las mismas recetas que han llevado al mercado a ponerse por las nubes.
Resulta llamativo que una entidad que dice defender a los municipios canarios sitúe su discurso en las antípodas de resolver el problema. Lejos de tender puentes, de buscar acuerdos amplios o de reconocer la complejidad del fenómeno, la FECAM opta por un tono que roza la confrontación y que coquetea con un cierto autoritarismo discursivo: la culpa siempre es de otro, la solución siempre pasa por imponer, y cualquier matiz se interpreta como complicidad con los especuladores.
Esa lógica binaria —buenos y malos, víctimas y verdugos— puede funcionar en un mitin, pero no construye una política de vivienda. Y menos en un archipiélago con realidades tan dispares como las que conviven en Canarias. Pero los municipios de Canarias ni construyen ni buscan soluciones a un problema que afecta a los vecinos.
La FECAM sostiene que las políticas intervencionistas sobre los precios, deben imponerse a una lógica que solo entiende un alumno de economía, que haya cursado un semestre. No necesita más: si sube la demanda y baja la oferta, los precios suben. Los municipios y la FECAM deben dar paso a poner suelo sobre la mesa, minorar las trabas burocráticas y desarrollar proyectos de alta densidad. Son los que intervienen el mercado de la vivienda, los que hacen que acceder a una casa se convierta en un privilegio.
- Poner suelo sobre la mesa: ¿de qué suelo hablamos? ¿Del que ya está urbanizado y retenido por grandes tenedores? ¿Del que exige costosas infraestructuras que ningún ayuntamiento puede financiar? Sin concretar, la consigna se queda en eslogan.
- Minorar las trabas burocráticas: nadie defiende la maraña administrativa, pero reducir garantías ambientales, patrimoniales o urbanísticas no es simplificar: es abrir la puerta a nuevos desequilibrios.
- Alta densidad: Hay que apostar por la construcción en altura para limitar los efectos de consumo de suelo, pero hay que poner suelo en el mercado para poder construir. Hay que subir el nivel de edificabilidad de los espacios urbanos.
Nadie tiene una propuesta en firme.
El diagnóstico de la FECAM incluye se queda en una obviedad: la carestía de la vivienda y la necesidad de dedicar cada vez más sueldo a mantener una casa. Ni la administración local, ni la autonómica, ni la estatal tienen una propuesta en firme más allá de gravar a los tenedores de viviendas. Es cierto. Y es grave. Pero denunciar la ausencia de propuestas propias mientras se repiten consignas que ya han fracasado, no es liderazgo: es escurrir el bulto.
Mientras tanto, los propietarios —cada día más reacios a sacar sus viviendas al mercado ante una normativa que les condiciona, que de facto les sustrae la propiedad y les compromete con gastos no rentables— optan por retirarse. Y el resultado es el que ya conocemos: menos oferta, más demanda y precios al alza. Los propietarios ya saben que hay fórmulas que permiten rentabilizar un inmueble sin sacarlo al mercado; y cada vez son más los que optan por evitar el alquiler por las políticas que en la práctica, les quitan la disposición sobre su propiedad. No alquilar supone más tranquilidad, menos costes de oportunidad y más certidumbre sobre su propiedad.
Canarias necesita un debate serio sobre vivienda, con datos, con instrumentos, con financiación y con valentía para reconocer que ninguna receta mágica funciona por sí sola. La FECAM tiene derecho a opinar, pero también la obligación de aportar algo más que un relato de confrontación.
Si la Federación quiere ser parte de la solución, tendrá que empezar por abandonar el tono autoritario y admitir que el problema no se resuelve señalando culpables, sino construyendo acuerdos. Lo contrario —más intervencionismo disfrazado de libertad, más confrontación disfrazada de defensa ciudadana— solo garantiza una cosa: que el mercado siga por las nubes y que las familias canarias sigan sin poder pagarlo.
