Madrid, a 02 de septiembre de 2026.- Madrid, 2 de septiembre de 2026. — La unidad de inteligencia de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (CENIF) ha remitido a la magistrada María Tardón, de la Audiencia Nacional, un demoledor informe que sitúa a la Gendarmería de Marruecos como la responsable directa de la planificación y ejecución de la avalancha humana que colapsó la frontera de Ceuta los pasados 30 y 31 de julio. El documento, adelantado por el digital El Español, no solo implica a agentes uniformados y de paisano del país vecino, sino que califica el suceso como una operación orquestada para desbordar las defensas españolas, un acto que, por su naturaleza y gravedad, podría constituir una amenaza directa contra la integridad territorial de España.
Lejos de ser un flujo migratorio espontáneo, el análisis policial sostiene que la entrada de más de 70.000 personas fue dirigida sobre el terreno por mandos marroquíes. Los agentes de la Gendarmería, con el apoyo de efectivos de paisano, encauzaron a las concentraciones humanas desde localidades como Castillejos hacia puntos estratégicos de la valla, como el espigón de El Tarajal, con el objetivo deliberado de saturar los sistemas de control y neutralizar la capacidad de respuesta de España.
El informe subraya un elemento clave que desmonta la supuesta naturaleza migratoria de la crisis: una parte significativa de las personas que lograron cruzar retornó a Marruecos de manera inmediata, evidenciando que el propósito real no era otro que el de generar un gravísimo problema de seguridad en la frontera sur de Europa y cuestionar la soberanía española sobre la ciudad autónoma. Los investigadores vinculan estrechamente esta maniobra con las históricas reivindicaciones territoriales que Rabat mantiene sobre Ceuta y Melilla.
La revelación de este informe ha desencadenado una tormenta política en el seno del Ejecutivo. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que hasta ahora había mantenido una versión oficial que minimizaba la planificación externa, ha solicitado por carta al director general de la Policía, Francisco Pardo, explicaciones urgentes sobre la veracidad del documento y, especialmente, sobre el momento en que la Policía Nacional tuvo conocimiento de esta información esencial.
En su misiva, Marlaska subraya que, tras la declaración de la situación de interés para la Seguridad Nacional el pasado 25 de agosto, un informe de esta magnitud debería haber sido puesto inmediatamente a disposición del Consejo de Seguridad Nacional. La falta de comunicación interna y la contundencia de las conclusiones policiales abren un nuevo frente para el Gobierno, que deberá rendir cuentas sobre la gestión de la crisis y la custodia de la frontera.
La gravedad de los hechos descritos sitúa a España ante la necesidad de activar todos los mecanismos de defensa previstos en su ordenamiento jurídico. El artículo 102 de la Constitución Española establece que la responsabilidad criminal del Presidente y los miembros del Gobierno será exigible ante el Tribunal Supremo【102.1】, y que la acusación por traición o por delitos contra la seguridad del Estado solo podrá plantearse por iniciativa de una cuarta parte del Congreso y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo【102.2】. La prerrogativa real de gracia, además, no sería aplicable en estos supuestos【102.3】.
Del mismo modo, el artículo 14 de la Carta Magna consagra la igualdad de todos los españoles ante la ley, un principio que, en este contexto, se erige como baluarte frente a cualquier intento de menoscabo de la soberanía nacional por razones de origen o cualquier otra condición.
El informe, que ya se encuentra en manos de la Fiscalía y de la Audiencia Nacional, será evaluado para determinar si los hechos son constitutivos de un delito contra la independencia del Estado. Mientras tanto, fuentes de la Unión Europea, a través del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), han señalado que, aunque no disponen de «evidencia concluyente» para calificar el origen directo de la crisis como una campaña promovida por un Estado extranjero, sí han confirmado intentos de actores externos, como Rusia, por explotar la crisis en el ámbito digital para profundizar las divisiones internas de la UE.
La revelación de este informe supone un antes y un después en la crisis de Ceuta. Lo que el Gobierno trató como un desafío migratorio aislado, la inteligencia policial lo describe como un acto de presión geoestratégica calculado, que sitúa a España y a Europa ante la necesidad de reforzar su disuasión y su respuesta institucional ante lo que muchos analistas ya califican como una operación de «guerra híbrida» contra la integridad del territorio europeo.
