Candelaria, a 06 de mayo de 2026.- Durante años, la falta de reglas comunes ha generado una situación de incertidumbre tanto para los viajeros que recorren las islas a bordo de vehículos vivienda como para los ayuntamientos, que se enfrentaban a la disparidad de criterios y a la ausencia de herramientas legales adaptadas a la realidad del territorio. Ahora, ese escenario empieza a cambiar.
La regulación del autocaravanismo ha entrado definitivamente en la agenda institucional de Canarias. El pasado anuncio por parte de las autoridades lanzaroteñas supone un antes y un después, al reconocer públicamente lo que desde el sector llevaban tiempo advirtiendo: la inseguridad jurídica, la disparidad de criterios entre municipios colindantes y la falta de una regulación homogénea son problemas estructurales que exigen una respuesta coordinada.
No se trata de un fenómeno nuevo. Desde hace años, asociaciones como ACAT Tenerife vienen trabajando activamente, trasladando a las distintas administraciones propuestas técnicas y jurídicas orientadas a la convivencia, la sostenibilidad y la correcta ordenación del turismo itinerante en Canarias.
En las reuniones institucionales mantenidas recientemente, ACAT Tenerife ha presentado diversa documentación de trabajo. Entre ella destaca su Ordenanza Tipo, un documento elaborado con el objetivo de ayudar a los ayuntamientos a desarrollar regulaciones equilibradas, realistas y plenamente respetuosas con la normativa vigente.
Esta propuesta no impone soluciones cerradas, sino que ofrece un marco flexible y contrastado que cada municipio puede adaptar a sus particularidades, evitando así la proliferación de normas contradictorias o desproporcionadas que hasta ahora habían generado confusión y malestar entre los usuarios.
Desde ACAT Tenerife subrayan que Canarias tiene ante sí una oportunidad histórica para construir un modelo responsable de autocaravanismo, compatible con la protección del entorno natural, la convivencia ciudadana y el desarrollo económico local. Un turismo itinerante bien regulado puede convertirse en un aliado para los pequeños negocios de las zonas rurales y menos masificadas, siempre que se establezcan las reglas adecuadas.
El camino, sin embargo, no termina con el anuncio. La asociación se ha comprometido a seguir trabajando desde el diálogo, el rigor técnico y la colaboración con todas las administraciones, con el objetivo de aportar soluciones reales y defender los derechos de los usuarios de vehículos vivienda.
El reto ahora es traducir el consenso institucional en normas efectivas, homogéneas y duraderas. Si se logra, Canarias no solo resolverá un problema arrastrado durante décadas, sino que se convertirá en referente de buenas prácticas en la gestión del autocaravanismo a nivel estatal.
