Güímar, a 04 de octubre de 2026.- El partido de la Copa del Rey que este domingo debía decidir el pase del Sporting Hortaleza o del Atlético Unión Güímar nunca llegó a jugarse. Y no fue por la lluvia, ni por el estado del césped, ni por un problema de última hora con el arbitraje. Fue porque una emboscada organizada contra el autobús del equipo madrileño, con pedradas y amenazas, terminó con la expedición visitante en el aeropuerto y el partido suspendido antes de que el balón echara a rodar.
Lo ocurrido en Tasagaya trasciende lo puramente deportivo. Según las informaciones que se van conociendo, no fue un acto espontáneo ni aislado. La agresión se produjo a las puertas del estadio, sí, pero también en presencia de la Policía Local y a escasos metros del cuartel de la Guardia Civil. Un dato que, por sí solo, dibuja un escenario inquietante: los agresores actuaron con una impunidad que resulta difícil de explicar.
Un ataque preparado, no una reacción puntual.
Las primeras hipótesis apuntan a que el ataque fue organizado en toda regla. No se trató de un grupo de aficionados exaltados que perdieron los papeles a última hora. Los hechos se sucedieron con una secuencia que invita a pensar en una planificación previa: primero, los fuegos artificiales en la madrugada, cuando la expedición madrileña descansaba en su hotel; después, las amenazas; finalmente, la agresión al autobús a las puertas del recinto deportivo.
Los agresores, según las imágenes que circulan por redes sociales, iban encapuchados. Pero ese anonimato, lejos de garantizarles la impunidad, puede convertirse en su perdición. Las fotos y vídeos que se han viralizado en internet permitirían identificar a los responsables, según coinciden diversas fuentes consultadas. La pregunta que sobrevuela el caso es incómoda: si las pruebas son tan claras, ¿por qué no hay detenidos?
A estas horas se desconoce el estado de las pesquisas. Ni la Guardia Civil ni la Policía Local han confirmado avances significativos en la investigación. Tampoco se ha informado de si se ha tomado declaración a los responsables de seguridad del club local o a los testigos presenciales.
El Sporting Hortaleza, tras vivir la hostilidad desde su llegada a la isla, decidió no saltar al terreno de juego. El equipo madrileño, que llegaba con ventaja de 1-0 tras el partido de ida, se marchó del estadio escoltado por la Guardia Civil y puso rumbo directamente al aeropuerto. La decisión, respaldada por la Federación de Madrid, fue comunicada al árbitro, que decretó la suspensión del encuentro.
El acta arbitral recoge que el conjunto visitante argumentó «no estar emocionalmente preparado para competir» tras lo vivido en las horas previas. La Guardia Civil, personada en el recinto sobre las 12:30 horas, había garantizado la seguridad dentro del estadio, pero el daño ya estaba hecho.
La versión local: «ambiente caliente».
Mientras las imágenes de los cristales rotos del autobús daban la vuelta al país, el entrenador del Güímar, Aythami Díaz, ofrecía una versión que ha indignado a buena parte del mundo del deporte. En declaraciones a la televisión canaria, Díaz calificó lo sucedido como un ambiente «caliente» y lo atribuyó a la tensión acumulada tras un primer partido que terminó con tres jugadores de su equipo expulsados y derrota por 0-1.
«Si no tenían intención de jugar, las reglas son las reglas», llegó a decir el técnico güímarero, quien además aseguró haber sido agredido por un miembro del cuerpo técnico visitante en un altercado en los banquillos. La versión del Sporting Hortaleza es radicalmente opuesta: fueron sus jugadores quienes recibieron amenazas con navajas y quienes vieron cómo les lanzaban una botella de plástico al césped.
Las claves de un escándalo que puede costar la eliminatoria.
La pelota está ahora en el tejado del Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol. Las opciones sobre la mesa son varias y ninguna sencilla:
- Repetición del partido en una fecha posterior, algo complicado porque el calendario de la Copa del Rey no da tregua y el sorteo de la siguiente ronda está previsto para este lunes.
- Disputa en campo neutral, una medida excepcional que la RFEF ha aplicado en contadas ocasiones por motivos de seguridad.
- Clasificación del equipo madrileño, al entender que el conjunto local no garantizó las condiciones mínimas para la celebración del encuentro.
- Exclusión de ambos equipos, un escenario poco probable pero que no se descarta si se determina responsabilidad directa del club anfitrión.
El premio que estaba en juego era enorme: el vencedor de la eliminatoria se medirá en la siguiente ronda a un equipo de Primera División como el Betis, el Getafe, el Rayo Vallecano o el Sevilla. Para el Güímar, un club humilde del sur de Tenerife, era la oportunidad de escribir una página dorada en su historia. Hace 43 años ya logró una gesta en Tasagaya que ha pasado de generación en generación. Esta vez, la gesta se quedó en el vestuario, sin que nadie pudiera intentarla.
Lo sucedido este domingo en Güímar no es un caso aislado de violencia en el fútbol, pero sí uno especialmente grave por sus circunstancias: la planificación, la presencia de menores entre el público, la cercanía de las fuerzas de seguridad y la impunidad con la que actuaron los agresores.
La violencia en el fútbol hay que hacérselo mirar. Y no solo los clubes o las federaciones. También las instituciones, que deben garantizar que un partido de fútbol —una fiesta, un espectáculo, una ilusión— no se convierta en una emboscada. Porque lo que ocurrió en Tasagaya no fue un partido. Fue un ataque. Y quienes lo organizaron, encapuchados o no, deberían responder ante la justicia.
Este lunes, el sorteo de la Copa del Rey se celebrará sin saber quién ocupa la plaza del cruce entre el Güímar y el Sporting Hortaleza. Puede que nunca llegue a saberse, si el Comité decide que el partido no se juegue. Pero lo que sí debería saberse —y cuanto antes— es quiénes fueron los responsables de que un pueblo entero se quedara sin su partido más importante en cuatro décadas.
