Güímar, a 30 de agosto de 2026.- La actual Alcaldesa de Güímar, manifestó estos días en los medios, su confianza en la justicia ante el inminente juicio que lleva al banquillo de los acusados a los ediles de Arafo, Candelaria y Güímar.
El juicio, que arrancará el 8 de febrero de 2027 en la Audiencia Provincial, sentará en el banquillo a las alcaldesas de Güímar y Candelaria y a dos exalcaldes de estos municipios. La causa, que se remonta a una denuncia de 2017, ha dejado fuera de la acusación a los gerentes del Consejo Insular de Aguas y a los responsables de la Asociación Mixta de empresarios y Cabildo, un hecho que ha generado sorpresa al tratarse de un problema de competencia supramunicipal.
La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha fijado el 8 de febrero de 2027 como fecha de inicio del juicio por los vertidos de aguas residuales del Polígono Industrial del Valle de Güímar. Los cuatro únicos acusados que se sentarán en el banquillo son Carmen Luisa Castro Dorta, actual alcaldesa de Güímar (PP); María Concepción Brito Núñez, alcaldesa de Candelaria (PSOE); José Gumersindo García Trujillo, exalcalde de Candelaria (PSOE); y José Juan Lemes Expósito, exalcalde de Arafo (actualmente asesor del presidente del Gobierno canario).
Un problema supramunicipal con ausencias notables en el banquillo
El origen del procedimiento se remonta a una investigación penal abierta tras una denuncia presentada el 1 de junio de 2017 por concejales de la oposición. La investigación examinó la actuación de responsables públicos ante una situación de saneamiento que, según el auto dictado en 2022, habría dado lugar a vertidos continuados sin el tratamiento y las autorizaciones exigibles.
Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es que el proceso judicial ha quedado circunscrito a los responsables municipales, dejando fuera a los gerentes del Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF), José Fernando Bethencourt y Javier Davara, así como a los responsables de la Asociación Mixta de empresarios y Cabildo. Se trata de un problema de competencia supramunicipal que afecta a tres ayuntamientos —Arafo, Candelaria y Güímar— y que, sin embargo, ha salpicado únicamente a los ediles de estos consistorios, una circunstancia que ha generado sorpresa en el ámbito político y judicial.
La Fiscalía pide penas de cárcel e inhabilitación
El Ministerio Público sostiene que los cuatro responsables municipales «de forma deliberada y sin justificación» se abstuvieron de adoptar las actuaciones administrativas necesarias para controlar y legalizar los vertidos de aguas residuales al medio marino. La acusación considera que esta inacción permitió el «vertido continuo e incontrolado» de aguas residuales procedentes de las entre 200 y 300 empresas del polígono —el más grande de la isla, con 1,8 millones de metros cuadrados— así como de las urbanizaciones.
La Fiscalía ha solicitado para cada uno de los acusados cuatro años de prisión por presuntos delitos contra el medio ambiente y prevaricación, así como 13 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público en el ámbito municipal, insular, autonómico y estatal que comporte competencias de decisión o gestión en materia medioambiental y urbanística.
Un daño ambiental sin precedentes
Según el escrito de acusación, la situación generó un «riesgo grave» para la calidad de las aguas, el equilibrio de los sistemas naturales y la salud de las personas en las zonas de baño. En las playas de la zona, se superó de forma continuada en «cien veces» la bacteria fecal E.coli, «quebrando directamente la normativa medioambiental aplicable». Una inspección submarina permitió comprobar que todas las aguas sucias se vertían exclusivamente a través de un único difusor, ya que todos los demás estaban obstruidos.
Luisi Castro confía en la Justicia
Carmen Luisa Castro Dorta, alcaldesa de Güímar, ha manifestado en reiteradas ocasiones su confianza en que la Justicia acredite su actuación ante los vertidos. Según ha explicado, desde que tomó el mando de la alcaldía en 2013 ha intentado buscar una solución a un problema que venía heredado del anterior gobierno municipal liderado por Rafael Yanes (PSOE), y que desde 2011 carecía de autorización de vertidos.
La regidora ha defendido que su gobierno trabajó para regularizar una situación heredada y que, lejos de permanecer inactiva, impulsó medidas para abordar el problema. Castro Dorta ha señalado que «ojalá hubiera tenido yo sola la potestad» para resolver la situación, en alusión a la complejidad de un asunto que implica a tres administraciones locales y a diversas entidades supramunicipales.
El calendario del juicio
El señalamiento judicial ha establecido un calendario detallado: los días 8, 9, 10 y 11 de febrero están reservados para la declaración de los testigos; el martes 16 de febrero se procederá al interrogatorio de los acusados; y el jueves 18 se reserva para los informes y conclusiones. La causa procede del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Güímar, donde la instruyó el magistrado Francisco Tuero González.
El juicio promete ser uno de los procesos judiciales de mayor calado mediático y político de los últimos años en Tenerife, al situar en el centro de la controversia la gestión de un problema ambiental que ha afectado durante décadas a uno de los polígonos industriales más importantes de la isla y a los tres municipios que comparten su territorio.
