Cauta, a 28 de agosto de 2026.- La indignación de los ceutíes crece mientras el Ejecutivo de Sánchez es acusado de inacción y de pretender arrebatar espacios públicos para alojar a los inmigrantes ilegales
Han pasado casi cuatro semanas desde aquel 30 de julio que cambió para siempre la vida de los ceutíes. Aquel día, y el siguiente, alrededor de 80.000 personas accedieron irregularmente a Ceuta desde Marruecos, la mayoría a nado, bordeando los espigones fronterizos de El Tarajal y Benzú. Lo que ocurrió fue el mayor episodio de entrada masiva registrado en la frontera hispano-marroquí desde la crisis de 2021. Y lo que ha venido después, lejos de resolverse, ha sumido a la ciudad autónoma en una situación de tensión, hartazgo y sensación de abandono que ya no se puede ocultar.
La crisis, en cifras: un colapso que no cesa
Las cifras hablan por sí solas. El Ministerio del Interior estimó en 80.000 las personas que cruzaron la frontera en apenas 48 horas. De ellas, miles aún permanecen en la ciudad, deambulando por las calles, durmiendo al raso y en condiciones de hacinamiento. 141 personas han perdido la vida en este episodio —78 en España y 63 en Marruecos— y cuatro militares españoles han resultado heridos.
El Gobierno central ha identificado a 1.342 menores migrantes no acompañados, aunque todavía quedarían otros por registrar. Una presión insostenible sobre una ciudad de apenas 84.000 habitantes que ve cómo sus recursos se desbordan y sus espacios públicos se convierten en escenario de una crisis que no ha hecho más que empeorar.
«Abandono institucional»: el grito que resuena en cada esquina
El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha sido el más contundente al denunciar el «abandono» de la ciudad por parte del Gobierno central. «Hay pasividad absoluta», ha llegado a afirmar, y ha descrito la situación como «absolutamente insostenible» . Vivas ha reclamado el retorno «cuanto antes» a Marruecos de todos los que entraron el 30 y 31 de julio: «Cuando digo todos, digo todos» .
La sensación de abandono no es solo del presidente. Los ciudadanos han salido a la calle en masa para expresar su hartazgo. El pasado miércoles, más de dos mil ceutíes se concentraron ante las puertas de la Delegación del Gobierno para protestar contra la gestión del Ejecutivo. Portando banderas de España y de Ceuta, corearon consignas como «Ceuta no se vende, Ceuta se defiende» y «Ceuta no es un CETI», mientras reclamaban la dimisión de Pedro Sánchez y del delegado del Gobierno en Ceuta.
El domingo anterior, las cuatro comunidades religiosas de Ceuta —cristiana, musulmana, hebrea e hindú— se unieron en la plaza de la Constitución bajo el lema «Basta ya. Ceuta no se rinde», con críticas directas al Gobierno, al que acusaron de «abandono».
La defensa de los espacios públicos: «Ceuta no es un CETI»
El detonante de las protestas más recientes ha sido la decisión del Gobierno de habilitar espacios públicos —incluido el Hospital Militar— para alojar a los migrantes. Los vecinos han rechazado frontalmente esta medida, que consideran una «invasión» de su territorio y una muestra más de la falta de respeto del Ejecutivo hacia la ciudad autónoma.
La indignación es tal que grupos de vecinos han intentado desmantelar por su cuenta el campamento de la playa del Trampolín, donde se concentran muchos de los migrantes. La Policía Nacional, por su parte, ha disuelto con gases lacrimógenos el reparto de alimentos en esa misma playa y ha acordonado la zona. Una imagen que refleja el clima de confrontación que se vive en la ciudad.
La pasividad del Gobierno de Sánchez: entre la improvisación y las excusas
Mientras los ceutíes se sienten abandonados, el Gobierno central ha ofrecido una imagen de improvisación, contradicciones y falta de previsión que ha sido duramente criticada por la oposición y por la propia ciudadanía.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha asegurado que «el Gobierno no tenía información previa ni precisa de la magnitud de la entrada de 70.000 personas» . Sin embargo, la ministra de Defensa, Margarita Robles, había insistido en que sí hubo avisos: «El día 29 esos funcionarios [del CNI en Ceuta] trasladan y dan cuenta en la Delegación del Gobierno de esa convocatoria para el día siguiente para poder entrar a nado» . La Delegación del Gobierno en Ceuta ha contradicho a Robles, negando que recibiera «informe alguno» que anticipara la crisis.
El PP ha pedido elecciones anticipadas, calificando la situación de «descontrolada» y acusando al Gobierno de «dejación de funciones irresponsable ante la peor crisis de soberanía y de integridad territorial». El expresidente José María Aznar, que se ha desplazado a Ceuta para mostrar su apoyo, ha sido tajante: «Se ha violado la integridad territorial de España y hay que recuperar el orden y la seguridad», y ha advertido que «la soberanía nacional no tiene vacaciones […] la debilidad es y será siempre provocadora» .
Mientras tanto, el Gobierno ha pedido evitar las críticas a Marruecos y ha reconocido que no previó la crisis. Una confesión que, para muchos, es la prueba definitiva de la pasividad que ha caracterizado la respuesta del Ejecutivo. Altos cargos han admitido que no se esperaban un ataque de esta magnitud, pese a las señales que, según diversas fuentes, llevaban días advirtiendo de lo que se fraguaba.
Una ciudad que se siente sola
Ceuta vive horas de extrema incertidumbre. La crisis migratoria no solo ha desbordado los recursos de la ciudad autónoma, sino que ha puesto de manifiesto la falta de una estrategia clara del Gobierno de España para proteger su integridad territorial y garantizar la seguridad de sus ciudadanos.
Los ceutíes, mientras tanto, se han organizado y han salido a la calle para defender lo que es suyo. No piden privilegios, piden que se cumpla la ley, que se devuelva a los inmigrantes ilegales a Marruecos y que el Gobierno deje de mirar hacia otro lado. La consigna es clara y resuena cada vez más fuerte: Ceuta no se vende, Ceuta se defiende. Y mientras el Gobierno de Sánchez siga buscando excusas en lugar de soluciones, la sensación de abandono no hará más que crecer.
