Santa Cruz de Tenerife, a 09 de noviembre de 2025.- Una oscura sombra se cierne sobre el prometedor panorama del fútbol femenino en Canarias. Un equipo junior de fúbol femenino del Valle de Güímar, se encuentra sumido en la conmoción y la indignación después de que miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado hayan realizado pesquisas y una detención relacionada con los presuntos abusos que un miembro del cuerpo técnico habría ejercido sobre varias jugadoras menores de edad.
Según han podido confirmar fuentes cercanas a las menores afectadas, el técnico en cuestión habría contactado con las jóvenes a través de aplicaciones de mensajería en teléfonos móviles, enviando mensajes de texto de carácter inapropiado. Este presunto acoso, que se habría desarrollado en el entorno digital, ha destapado una situación que va más allá de un mero caso delictivo aislado.
El suceso impacta de lleno en el corazón de un deporte, el fútbol femenino, que vive un momento de crecimiento sin precedentes en las islas, con una cantera cada vez más numerosa y un apoyo social en alza. Lamentablemente, actitudes delictivas como la que se investiga no solo causan un daño irreparable a las víctimas directas, sino que perturban la práctica deportiva en su conjunto y amenazan la confianza que las familias depositan en los clubes y en sus equipos técnicos.
“Es un golpe muy duro. Trabajamos día a día para normalizar y fomentar que las niñas practiquen fútbol en un entorno seguro y saludable. Hechos como este son una traición a ese esfuerzo colectivo y pueden generar una alarma y una desconfianza injustas hacia el deporte en general”, declara una fuente del ámbito del fútbol base que prefiere mantener el anonimato.
El caso ha encendido todas las alarmas sobre los protocolos de protección al menor en el deporte base. Expertos y colectivos llevan años insistiendo en la necesidad de una formación obligatoria en prevención de abusos para todos los monitores y técnicos, así como en la implementación de canales de denuncia seguros y accesibles para los jóvenes deportistas.
Mientras la investigación judicial sigue su curso, la comunidad deportiva de toda la isla se enfrenta a una reflexión necesaria. La prioridad absoluta debe ser el bienestar de las jóvenes jugadoras, ofreciéndoles todo el apoyo psicológico y legal necesario. Al mismo tiempo, el caso sirve como un crudo recordatorio de que la vigilancia y la implementación de medidas de seguridad robustas, no son una opción, sino una obligación ineludible para proteger a los más vulnerables y preservar los valores positivos del deporte.
La reputación de un deporte en auge no debería depender de la excepcionalidad de un caso criminal, sino de la contundencia con la que toda la estructura deportiva reaccione para erradicar cualquier amenaza a su integridad.
