Candelaria, a 2 de septiembre de 2025.- El inicio del Año Judicial este pasado lunes ha puesto de manifiesto la profunda crisis que atraviesa la administración de justicia en el partido judicial de Güímar. Lejos de comenzar con energías renovadas, los juzgados de la comarca amanecieron sumidos en un colapso que se venía gestando desde hace meses y que la transición de los antiguos Juzgados de Primera Instancia e Instrucción a las nuevas Secciones de un único Tribunal de Instancia no ha hecho más que agravar.
La teoría detrás de la reforma era clara: optimizar recursos, agilizar trámites y modernizar la estructura judicial. La práctica, sin embargo, está siendo muy diferente. Fuentes internas del ámbito judicial alertan de que el colapso está “asegurado” y que la situación actual es “insostenible”. El principal cuello de botella se encuentra en el Registro Decanato, que no ha logrado procesar los escritos y expedientes entrados durante los últimos meses.
Agosto, un mes perdido
Lejos de servir para poner al día la ingente cantidad de trabajo pendiente, el mes de agosto ha supuesto un empeoramiento crítico de la situación. La acumulación de asuntos sin distribuir ni tramitar ha crecido de forma exponencial, creando una montaña de papelería y procedimientos estancados que ahora recae sobre la recién estrenada estructura del Tribunal de Instancia.
Este embotellamiento no es casual, según señalan algunos operadores jurídicos. El proceso de reparto de los asuntos entre las secciones y los funcionarios disponibles está siendo utilizado como “excusa para empantanar” el nacimiento del nuevo tribunal. Esta lentitud deliberada o incompetente en la organización interna está paralizando de facto la maquinaria judicial antes incluso de que pueda empezar a funcionar con normalidad.
Una comarca entera afectada
Las consecuencias de este colapso no se limitan al municipio de Güímar. El Tribunal de Instancia es el encargado de dar servicio a una población de decenas de miles de habitantes repartida en los municipios de Fasnia, Arafo, Candelaria y el propio Güímar. Esto significa que todos los asuntos civiles y de instrucción de estos cuatro municipios –desarme de pleitos y herencias hasta actuaciones en procedimientos penales– se encuentran ahora en un limbo procesal.
Ciudadanos, abogados y empresas se enfrentan a retrasos indefinidos en la resolución de sus asuntos, con el perjuicio económico y personal que ello conlleva. La desconfianza en la eficacia del sistema judicial, ya de por sí mermada, corre el riesgo de aumentar aún más entre la ciudadanía de la comarca.
Incertidumbre sobre una solución
A día de hoy, no existe un plan claro ni plazos definidos para desatascar el registro y normalizar el reparto y la tramitación de los expedientes. La falta de recursos personales o las deficiencias en la organización se señalan como las causas principales de este desbarajuste inicial.
Mientras la Administración judicial no adopte medidas urgentes y efectivas para destrabar este embudo, el nuevo Tribunal de Instancia de Güímar nacerá con una losa de ineficacia sobre sus espaldas, perjudicando el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de todos los vecinos del Valle.
