A partir del próximo 10 de abril de 2025 e impuesta por el Gobierno central, los Ayuntamientos tendrán la obligación de establecer una tasa que obligará a los ciudadanos a pagar el 100% del coste de la recogida y tratamiento de sus residuos. Esa imposición a la administración local es un mazazo a su autonomía y lo pagarán caro especialmente las familias con menos recursos.
Este nuevo tasazo repercutirá directamente en el bolsillo de los españoles, que deberán pagar la falta de impulso de inversiones en infraestructuras de tratamiento de residuos.
Los ayuntamientos vienen financiando en parte o en su totalidad el servicio de basuras, al incluirlo en los presupuestos municipales, pero que ahora no podrán hacerlo. La tasa media de basuras que aplica cada ayuntamiento cubre solo el 60% del coste total de la gestión de residuos, que asciende a unos 3.800 millones de euros anuales en toda España, por lo que hay que ajustar la tasa para cubrir el coste completo, lo que implica un aumento significativo del recibo para el ciudadano.
Esta tasa compromete los esfuerzo por la recogida selectiva, ya que cada innovación en este sentido, genera un sobre coste que ha de ser repercutido al ciudadano. Una tasa que complica ya no solo la economía de las familias, sino del desarrollo de políticas encaminadas a la recogida selectiva y el reciclaje.
