Los cargos públicos implicados son el exalcalde Gustavo Pérez (Coalición Canaria), los concejales Airam Puerta (PSOE) y Cándido Gómez (PSOE), y el exconcejal Juan Delgado (CC). El origen del conflicto se remonta a julio de 2021, cuando se celebró un pleno para ejecutar un acuerdo de gobernabilidad y alcaldía compartida entre PSOE y CC, que dio paso a un nuevo equipo de gobierno.
En aquel momento, según explican los denunciantes, todos los servicios técnicos municipales –Jurídico, Intervención, Recursos Humanos y Secretaría General– avalaron el procedimiento, fiscalizaron las nóminas y emitieron informes favorables. “Los concejales trabajaron, cumplieron con sus funciones públicas y cobraron igual que cualquier otro cargo público o trabajador municipal, con todas las garantías administrativas”, sostienen.
El Núcleo del Conflicto: Un Defecto Formal vs. Trabajo Efectivo
Años después, un juzgado, en respuesta a un recurso, señaló que en aquel pleno de 2021 faltó un acto administrativo formal y anuló dos decretos únicamente por ese motivo. La sentencia, según destacan los exediles, no encontró irregularidad en las retribuciones, ni cobro indebido, ni ausencia de trabajo prestado; se limitó a ordenar la anulación del acto por el defecto procedimental.
Es en este punto donde estalla la polémica. El actual gobierno del PP ha decidido, en lugar de recurrir la interpretación judicial o subsanar el acto administrativo, abrir un expediente para exigir la devolución de todas las nóminas correspondientes a ese periodo a los cuatro cargos. Los afectados consideran esta respuesta desproporcionada y alejada del espíritu de la sentencia.
“No es un problema de sueldos ni de trabajo. Es un problema jurídico que el PP ha convertido en un ataque político”, afirman los exediles. Aseguran que durante ese periodo ejercieron sus funciones con normalidad, existen “cientos de documentos firmados” que lo acreditan y que el servicio público se prestó sin interrupción.
Postura de los Afectados y Acusaciones al Gobierno Local
Los cuatro cargos se mantienen firmes y anuncian que acudirán a la vía judicial y administrativa para defender sus derechos. En su argumentación, subrayan un aspecto crucial: el trabajo fue realizado y comprobado, por lo que exigir la devolución del salario constituiría un precedente grave e inédito en la administración canaria.
“Ningún ayuntamiento canario ha pretendido jamás que un cargo público devuelva un salario por un trabajo comprobado jurídicamente y efectivamente realizado durante el periodo en que ejercieron sus cargos”, declararon.
Denuncian que el Partido Popular ha utilizado una artimaña jurídica para crear “artificialmente” esta situación, que, en su opinión, solo generará “nuevos expedientes, más gastos al propio ayuntamiento e inseguridad administrativa” para todos los funcionarios y cargos públicos.
Un Precedente Peligroso y un Enfrentamiento Institucional
El caso trasciende la disputa política local y plantea cuestiones de calado sobre seguridad jurídica y gestión administrativa. La decisión de perseguir la devolución de retribuciones por un defecto formal, cuando el trabajo fue prestado y validado por los servicios técnicos, podría sentar un precedente preocupante para la estabilidad de la función pública local.
El conflicto queda ahora en manos de los tribunales, mientras la vida política de Güímar se ve marcada por un enfrentamiento institucional que promete prolongarse y cuyas repercusiones se estudiarán con atención en el resto de municipios de Canarias.
