Güímar, a 25 de diciembre de 2025.- La actual corporación municipal ha anunciado la entrada en vigor de un Plan Económico y Financiero (PEF), un mecanismo de supervisión y control presupuestario que se activa ante situaciones de desequilibrio en las cuentas públicas. Esta decisión, según han explicado fuentes municipales, responde a la necesidad de «ordenar y sanear la hacienda local» tras detectar una gestión económica «insostenible» en el pasado reciente.
El PEF impondrá una disciplina estricta durante los próximos ejercicios, limitando severamente la capacidad de realizar nuevo gasto discrecional, contratar personal o incrementar partidas sin autorización expresa de los órganos de control financiero.
Desde el actual gobierno se señala que el origen del problema se encuentra en la política de inversiones de la anterior legislatura. Se critica que, durante ese periodo, se privilegió la adquisición de bienes muebles —como una flota de vehículos municipales— por encima de inversiones estratégicas en infraestructuras básicas y planificación urbana.
Gestionar no es gastar sin control el dinero de todos. Cualquiera puede agotar los ahorros acumulados; la dificultad está en generar riqueza y progreso con visión de futuro. Lamentablemente, se hipotecó el futuro del municipio con decisiones de dudoso rendimiento a largo plazo. Esta crítica desde el actual grupo de Gobierno, se ha visto reforzada esta misma semana con las averías simultáneas de tres de los nuevos camiones recolectores de residuos, lo que ha puesto en entredicho la solidez de aquellas adquisiciones.
Una de las consecuencias directas del PEF es la imposibilidad de crear una empresa pública municipal que hubiera podido gestionar servicios con personal propio. El plan, al restringir el incremento de la masa salarial, fuerza ahora a optar por la externalización de servicios para lograr eficiencias.
Paralelamente, el plan bloquea también la posibilidad de aumentar las subvenciones a los colectivos locales en un momento en el que algunos de ellos, según fuentes municipales, están solicitando incrementos. «Es paradójico que pidan ahora una subida significativa después de años sin reivindicarla desde posiciones de responsabilidad», comentó una fuente del equipo de gobierno, quien añadió: «El marco actual no lo permite. Ojalá la situación fuera diferente y pudiéramos apoyarles más».
La actual administración califica la herencia recibida como un «lastre» que condiciona su acción de gobierno. El PEF se presenta así no como una elección, sino como una medida obligada para cumplir con la ley y reencauzar las finanzas municipales.
El camino por delante, reconocen, será de austeridad y riguroso control del gasto. El objetivo declarado es sentar las bases de una gestión «transparente y responsable» que permita, una vez superado este periodo de ajuste, recuperar la capacidad de inversión en proyectos que verdaderamente reactiven el municipio y mejoren la calidad de vida de sus ciudadanos. El debate sobre el modelo de gestión del pasado y sus consecuencias queda, no obstante, servido en la esfera pública.
