Güímar, a 09 de octubre de 2025.- La gestión de la alcaldesa Carmen Luisa Castro Dorda, conocida como «Luisi», enfrenta fuertes críticas de medios afines a la oposición, que acusan a su gobierno de basar su administración en la contratación de empresas privadas y el «reparo», en lugar de optimizar los recursos municipales existentes. Sin embargo, el equipo de gobierno defiende que el servicio público se presta ahora de forma más eficiente que nunca, destacando la notable mejora en el servicio de limpieza del municipio.
Según sus detractores, la administración de Castro Dorda se caracteriza por el constante gasto económico en lugar de la adecuada gestión de los recursos humanos y materiales de los que ya dispone el ayuntamiento. Afirman que «los recursos municipales están viciados, y no dan a Güímar lo que se les paga», sugiriendo que los ciudadanos no reciben el retorno adecuado por sus impuestos.
La oposición señala además que dejar servicios en manos de «ciertos enchufados municipales» no responde a las necesidades reales de Güímar, argumentando que el orden y la gestión de los trabajadores y recursos existentes «es un recurso que no ha resultado en los últimos años».
Frente a estas críticas, las fuentes oficiales defienden la gestión actual. Sostienen que el servicio público se ofrece ahora de forma más eficiente que en etapas anteriores, y ponen como ejemplo el «vuelco» que ha experimentado el servicio de limpieza en el municipio bajo su administración. Esta mejora en los servicios fundamentales, argumentan, responde directamente a lo que la ciudadanía necesita y había estado demandando.
En el ámbito de la gestión de personal, el Ayuntamiento de Güímar ha mantenido procesos selectivos públicos. Recientemente, se publicó una resolución para proveer una plaza de Operario/a Fosero/a de la plantilla de personal laboral fijo, por el sistema de oposición y en turno libre . Asimismo, a finales de agosto de 2025, se realizó un llamamiento para una lista de reserva de Auxiliar Administrativo y un proceso interno para funcionarios de la corporación para tres puestos de administrativo .
Estos procesos reglados contrastan con las acusaciones de que la gestión se basa en «enchufados municipales», mostrando una administración que, al menos formalmente, cumple con los procedimientos de transparencia en sus convocatorias de empleo público.
El conflicto en Güímar refleja un debate más amplio sobre cómo deben gestionarse los recursos públicos. Por un lado, existen posturas que privilegian la estabilidad del funcionariado y el aprovechamiento de los recursos existentes. Por otro, se argumenta que la introducción de dinámicas de gestión externas puede traer eficiencia y modernización a servicios que no habrían cumplido con las expectativas ciudadanas en el pasado.
Este dilema no es exclusivo de Güímar. A nivel internacional, los gobiernos se enfrentan al desafío de proporcionar servicios de calidad en un contexto de limitaciones financieras. Como señala un informe de EY sobre riesgos del sector público para 2025, la «incapacidad para lograr unas finanzas públicas sostenibles» es uno de los principales riesgos que enfrentan las administraciones . La tensión entre la prestación de servicios eficientes y la responsabilidad fiscal está en el centro del debate sobre la gestión pública contemporánea.
Lo que parece indiscutible es que el servicio de limpieza se ha convertido en el campo de batalla principal donde se libra esta disputa política. Mientras la oposición insiste en el malgasto de recursos, el gobierno municipal defiende que los avances en este servicio son evidentes y tangibles para la ciudadanía.
La controversia sigue abierta y, sin duda, continuará desarrollándose en los próximos meses, mientras la alcaldesa Castro Dorda y su equipo intentan consolidar su relato de eficiencia frente a las acusaciones de derroche y mala gestión que plantean sus opositores.
El reto para cualquier administración local, como bien señalan los analistas de políticas públicas, es encontrar el equilibrio adecuado entre la inversión necesaria para mejorar los servicios y la responsabilidad en el gasto de los fondos públicos, siempre bajo el escrutinio de una ciudadanía que exige transparencia y resultados tangibles.
