Candelaria, a 2 de abril de 2026.- Tres años después de su construcción, la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) del Valle de Güímar permanece prácticamente inactiva. La infraestructura, concebida para tratar los vertidos de los tres municipios del valle –Candelaria, Arafo y Güímar–, no ha llegado a funcionar a pleno rendimiento porque no recibe las aguas residuales que debería canalizar. Mientras tanto, el mar sigue recibiendo una carga contaminante que ya ha provocado sanciones de la Unión Europea y un procedimiento judicial aún abierto.
El mantenimiento de una depuradora que no depura no es gratuito. Fuentes conocedoras de la situación cifran en 500.000 euros anuales el coste de mantener la infraestructura en stand-by: revisiones, conservación de equipos, electricidad y pequeños trabajos para evitar su deterioro.
Pero esa no es la única factura. A esa cantidad hay que sumarle un importe similar, como mínimo, en labores de vigilancia durante estos tres años para impedir actos vandálicos y expolios en una instalación aislada y poco transitada. En total, cerca de un millón de euros al año gastados en una depuradora que apenas ha tratado un volumen testimonial de aguas residuales.
El panorama empieza a cambiar ligeramente gracias a que Güímar había ejecutado un porcentaje importante de su red de saneamiento antes de que la depuradora entrara en escena. Arafo, aunque en menor medida, también dispone de colectores que permiten conducir sus vertidos hasta la EDAR. Gracias a ello, en las próximas semanas o meses la instalación podría comenzar a operar de forma parcial, tratando al menos las aguas de estos dos municipios.
Sin embargo, el problema de fondo persiste. Candelaria, el municipio más poblado del valle, sigue sin tener conexión con la depuradora. Los plazos para que sus aguas residuales lleguen hasta la planta se alargan “todavía mucho tiempo”, según las mismas fuentes. Y mientras tanto, Candelaria sigue vertiendo sus aguas fecales sin ningún tipo de depuración directamente en la costa. Una práctica que, pese a estar perseguida por la normativa europea, se ha normalizado durante años.
La situación no es nueva ni desconocida para las autoridades. La Unión Europea ya ha impuesto multas a España por el incumplimiento de la directiva de tratamiento de aguas residuales, y el caso del Valle de Güímar ha sido objeto de señalamientos específicos. Además, existe un proceso judicial abierto por la contaminación del litoral, aunque no ha trascendido públicamente con la intensidad que cabría esperar.
Quienes conocen el expediente critican duramente la gestión seguida por los sucesivos gobiernos municipales de Candelaria, en manos del PSOE. Denuncian que el “desarrollismo sin visión de futuro y sin criterios ambientales” ha sido la guía de estas administraciones: se permitió crecer urbanísticamente sin garantizar antes la infraestructura de saneamiento necesaria.
“Es tercermundista –señalan las mismas voces– que un municipio turístico del siglo XXI vierta sus heces directamente al mar mientras sus representantes acuden a Fitur, a Madrid Fusión o a cualquier sarao de postín a vender playas y calidad”. Una realidad que, lamentan, “no se cuenta en los folletos ni en las ruedas de prensa”.
El caso de la depuradora del Valle de Güímar no es solo un problema técnico o presupuestario. Es el reflejo de una manera de entender el desarrollo: primero crecer, después –y solo si hay presión– reparar los daños. Los vecinos del valle, los bañistas y los defensores del medio ambiente llevan años esperando soluciones. Mientras tanto, el dinero público se consume en mantenimientos absurdos y vigilancia de una planta que no puede operar porque los colectores no llegan.
Cada cual que saque sus propias conclusiones. Pero los hechos están ahí: tres años parada, más de un millón de euros al año en gastos improductivos, vertidos sin depurar, multas europeas y un mar que sigue asumiendo una carga contaminante que no le corresponde.
