Pese a que los datos arrojan un incremento del ritmo de incorporaciones al sistema al doble de la media de incorporación de la legislatura anterior, al igual que casi multiplica por dos el número de prestaciones y sigue reduciendo el tiempo en el que una persona tarda entre que presenta la solicitud y recibe su ayuda; la realidad es aún muy cruda.
En concreto, la Dirección General de Dependencia dependiente de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, otorgaba a finales de noviembre 58.771 prestaciones, lo que supone más de 15.000 incorporaciones con respecto al último dato del inicio de legislatura. Este guarismo es aún más relevante si nos fijamos en que, entre los años 2019 y 2023 se incorporaron apenas 20.000 prestaciones. El ritmo de concesión de ayudas del anterior ejecutivo era de unas 5.000 al año, mientras que en esta se acelera y llega a casi 8.000 más anualmente.
Asimismo, las solicitudes, que durante la anterior legislatura quedaron prácticamente paradas, sin relevantes incorporaciones al sistema, hoy en día se atienden de forma mucho más ágil. Solo en estos últimos 16 meses, se han incorporado casi 17.000 solicitudes más, mientras que en el cuatrienio anterior sobrepasaron escasamente las 8.000. Hay que reseñar en este punto que los derechos de las personas no empiezan a reconocerse si estas solicitudes no se incorporan a los procesos de gestión, por lo que la agilización de estas inscripciones también favorecen la consecución de los derechos de las personas.
Se ha reducido igualmente el tiempo en que estas solicitudes tardan en resolverse, pasando de más de 800 a 567 días, lo que supone una reducción cercana a los 300 días en la atención ciudadana solo en los últimos 16 meses.
