La declaración de la situación de contingencia migratoria extraordinaria para la protección del interés superior de la infancia y la adolescencia migrante no acompañada y el Plan de respuesta solidaria ante dicha situación y sus criterios de aplicación, fue el asunto central abordado en el seno de una Comisión del Gobierno de Canarias, a la que asistió Candil acompañado por la directora general de Protección a la Infancia y las Familias, Sandra Rodríguez. Mientras que el documento entregado a las comunidades refleja una ocupación en el Archipiélago del 107%, Canarias asegura que tiene el 480%, por lo que se ha solicitado la modificación al Ministerio.
El documento establece que se declare la situación de contingencia migratoria extraordinaria en aquellas comunidades o ciudades autónomas cuyo sistema de protección y tutela de personas menores de edad extranjeras no acompañadas exceda en ocupación tres veces su capacidad ordinaria. La capacidad ordinaria se obtendrá de dividir la población total de cada Comunidad autónoma a 31 de diciembre del año anterior, por el cociente resultante de dividir la población total de España a 31 de diciembre del año anterior entre el número máximo de personas menores de edad extranjeras no acompañadas atendidas por el conjunto del sistema de protección español, según los datos las CCAA han enviado antes del 31 de marzo de 2025. La situación de contingencia migratoria extraordinaria determinará que se establezca cuál será la comunidad autónoma a la que se traslade a la persona menor de edad extranjera no acompañada.
En el seno de esta Comisión se abordó también el real decreto por el que concreta el protocolo con las actuaciones que deberán realizar la Administración General del Estado y las comunidades y ciudades autónomas en caso de situación de contingencia migratoria extraordinaria así como elevar a la Conferencia Sectorial la propuesta de distribución territorial a las Comunidades Autónomas de Canarias y de Illes Balears y las ciudades de Ceuta y Melilla del crédito destinado a la financiación en 2025 de la atención a niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados por importe de 22 millones de euros.
