La estampa se repite cada vez con más frecuencia en el litoral tinerfeño. Siluetas de caravanas y autocaravanas, inmóviles contra el paisaje marino, proliferan en explanadas, solares y zonas de aparcamiento. Más allá del fenómeno turístico más visible del sur, localidades del Valle de Güímar, como Candelaria y El Puertito de Güímar, viven ya esta realidad. Un reflejo complejo de una moda de ocio, pero también, de forma creciente, una respuesta desesperada a la crisis de vivienda que fuerza a muchos a buscar un techo sobre ruedas.
Mientras el colectivo organizado de caravanistas clama por regulación y espacios dignos, los vecinos denuncian la ocupación del espacio común y las administraciones navegan en un limbo legal que convierte un problema gestionable en un conflicto enquistado. Sin embargo, en esta encrucijada podría esconderse una oportunidad histórica para consistorios con visión: la de ordenar, ofrecer soluciones y convertir un desafío en un motor de orden y nuevos servicios.
No todos los que viven en una caravana son turistas. En el municipio de Arona, por ejemplo, se han denunciado auténticos «poblados» de caravanas, formados en gran parte por trabajadores del sector turístico que no pueden acceder a una vivienda en el sur de la isla. Esta realidad marca una profunda diferencia: mientras el turista itinerante busca un punto de pernocta temporal, los residentes forzosos necesitan estabilidad y servicios básicos, convirtiendo el estacionamiento esporádico en una ocupación semipermanente.
Por otro lado, existe un colectivo numeroso y organizado. Solo en Tenerife, se estima que hay unos 5.000 aficionados locales, a los que se suman una media de 10.000 vehículos que llegan cada año desde la península. Este grupo reclama derechos, pues sus vehículos son legales y pagan impuestos, pero choca con una normativa municipal fragmentada y a menudo restrictiva.
La falta de una respuesta coordinada es el principal catalizador del caos. Actualmente, la regulación depende de cada ayuntamiento, creando un mosaico de normas que genera inseguridad y desplaza el problema de un municipio a otro. Además, la oferta de infraestructuras legales es claramente insuficiente.
- Áreas de servicio escasas: En El Puertito de Güímar existe una zona de parking gratuita para autocaravanas con límite de 72 horas y estrictas prohibiciones de acampada. Es una de las pocas alternativas en la zona, pero dista de ser una solución integral.
- Campings casi inexistentes: En toda la isla, el único camping activo para caravanas es de gestión privada (Camping Nauta). Dos campings públicos, como el de La Tejita en El Médano, permanecen cerrados sin explicación clara.
Esta carencia fuerza a los usuarios a ocupar espacios no habilitados, desde aparcamientos públicos hasta descampados, con los consiguientes problemas de convivencia vecinal, salubridad e imagen turística.
El Valle de Güímar ante la encrucijada: ¿problema u oportunidad?
Para municipios costeros como los del Valle de Güímar, la solución no pasa por la prohibición pura, sino por la ordenación inteligente. Distintos actores, desde la patronal hotelera (Ashotel) hasta las asociaciones de caravanistas (ACAT), coinciden en la necesidad de crear áreas específicas, reguladas y dotadas de servicios.
Un ayuntamiento con iniciativa podría transformar este desafío en una oportunidad concreta, implementando un plan basado en estos pilares:
| Pilar de Acción | Descripción y Oportunidad |
|---|---|
| 1. Habilitar Áreas Reguladas | Designar zonas fuera de núcleos urbanos saturados, con plazas delimitadas. Se establecen tarifas según duración (corta estancia vs. larga), generando ingresos municipales. |
| 2. Dotar de Servicios Básicos | Instalar puntos de suministro de agua potable y vaciado de aguas grises/negras. Se mejora la salubridad, se evitan vertidos incontrolados y se ofrece un servicio necesario. |
| 3. Diferenciar Usos | Crear circuitos distintos: áreas para turistas (máximo 72h) y zonas para residentes temporales (con contratos mensuales y acceso a servicios sociales). Se atienden ambas realidades. |
| 4. Dinamizar la Economía Local | Las áreas bien situadas pueden incluir acuerdos con comercios locales (descuentos) y promocionar el pequeño negocio. El caravanista con servicios es un cliente potencial. |
| 5. Liderar una Normativa Comarcal | Promover una ordenanza tipo consensuada con otros municipios del valle, dando coherencia y evitando el efecto «rebote» del problema. |
El camino a seguir: de la queja a la gestión proactiva.
La proliferación de caravanas en la costa no es un fenómeno pasajero; es el síntoma de tendencias profundas como el turismo experiencial, la movilidad flexible y la crisis habitacional. La respuesta no puede ser reactiva ni basada únicamente en la disuasión.
La pelota está en el tejado de los ayuntamientos. Consistorios como los de Candelaria y de Güímar tienen ante sí la opción de seguir contemplando cómo los espacios públicos se colapsan, o de tomar la iniciativa. La creación de un área regulada piloto en su litoral, con servicios y normas claras, no solo aliviaría la presión en Candelaria o El Puertito, sino que posicionaría al municipio como un referente en la gestión innovadora de un reto compartido por toda Canarias.
Convertir un solar ocupado en un espacio ordenado, dotado de servicios y generador de recursos, es la diferencia entre gobernar la complejidad o ser gobernado por ella. El Valle de Güímar tiene la oportunidad de elegir.
