EL AYUNTAMIENTO IMPONE UNOS SERVICIOS MÍNIMOS DEL CIEN POR CIEN A LOS HUELGUISTAS DE LIMPIEZA.
Candelaria, a 30 de enero de 2026.- Un conflicto laboral de larga duración llevó a las 20 trabajadoras del servicio de limpieza interior del Ayuntamiento de Candelaria a convocar una huelga para los días 29, 30 y 31 de enero, así como el 2, 3 y 4 de febrero de 2026. Su principal reivindicación es la actualización salarial, con sus sueldos congelados desde el año 2019.
La respuesta del Consistorio fue el decreto de unos servicios mínimos que, según denuncia el sindicato UGT convocante, llegan al 100% en centros educativos y al 75% en el resto de dependencias municipales. Esta decisión ha desatado la indignación de las trabajadoras, que denuncian que una cobertura tan amplia «vací[a] de contenido el derecho fundamental a la huelga».
El pliego de condiciones que rige el servicio está, según las trabajadoras, «obsoleto y vencido desde hace años». Los sindicatos cifran en unos 5.000 euros por trabajadora la pérdida salarial acumulada en dos años, al compararse con otros servicios municipales como la limpieza viaria.
Mientras las trabajadoras se movilizan, la postura oficial del Ayuntamiento es que la actualización salarial «corresponde a la negociación entre la empresa y las trabajadoras». El Consistorio ha señalado que trabaja en la licitación de un nuevo contrato.
Sin embargo, UGT denuncia que esta licitación se lleva anunciando como «inminente» desde hace ocho años. La empresa concesionaria, Urbaser, ha hecho público el preaviso de los servicios mínimos para «asegurar el funcionamiento básico» durante la huelga, centrándose en las instalaciones consideradas prioritarias.
Coalición Canaria, principal grupo de la oposición, ha expresado su apoyo a las huelguistas. Su portavoz, Ángela Cruz, señaló que las trabajadoras viven en una «incertidumbre permanente» tras reuniones previas con compromisos de mejora que «no se han traducido en hechos».
El sindicato UGT ha anunciado que está estudiando la impugnación legal de los servicios mínimos, al considerarlos «abusivos y restrictivos de derechos fundamentales». Argumentan que los porcentajes establecidos, especialmente el 75% para oficinas administrativas, no responden a «criterios de urgencia vital o seguridad inmediata».
La legalidad de los servicios mínimos es un punto de tensión constante. Según la Ley de Huelga, estos solo pueden establecerse para garantizar servicios esenciales. Sin embargo, el principio de proporcionalidad exige que su alcance no anule el derecho a la huelga, algo que las trabajadoras consideran que sucede con coberturas del 100% y 75%.
Este conflicto no es un caso aislado en Candelaria. En 2022, el servicio de limpieza del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria protagonizó una huelga por recortes de personal. Aquella movilización se suspendió tras un acuerdo para revertir parte de los despidos.
La lucha de estas trabajadoras, la mayoría mujeres, representa algo más que un aumento salarial. Es una reclamación de dignidad y reconocimiento tras años de congelación salarial en un contexto de subida del coste de la vida.
Según denuncian, soportan una carga de trabajo insostenible que no se compensa salarialmente, y también reclaman un refuerzo de personal. La huelga es, según sus propias palabras, «el último recurso tras años de promesas incumplidas».
- Un conflicto laboral maduro: 20 trabajadoras de la limpieza de Candelaria están en huelga tras siete años de salarios congelados y un pliego de condiciones obsoleto.
- La respuesta administrativa es cuestionada: El Ayuntamiento ha decretado servicios mínimos del 100% y 75%, una medida que el sindicato UGT considera desproporcionada y que vacía de contenido el derecho constitucional a la huelga.
- En juego, más que salarios: Las trabajadoras reclaman condiciones laborales dignas y han anunciado una batalla legal contra los servicios mínimos, mientras la oposición política les brinda su apoyo.
La huelga continúa, y mientras las calles y las redes sociales se llenan de solidaridad con las trabajadoras, sus derechos constitucionales están en el centro de un debate que va más allá de Candelaria.
