LA LAGUNA Y SU UNIVERSIDAD, CREAN UN OBSERVATORIO DE VIVIENDA REPITIENDO RECETAS QUE NO FUNCIONAN.
San Cristóbal de La Laguna, a 14 de septiembre de 2026.- La Laguna acaba de firmar un convenio con la Universidad para crear un “Observatorio Local de la Vivienda”. Sobre el papel suena técnico, neutral, incluso virtuoso. Pero detrás del lenguaje académico se esconde una realidad incómoda: no estamos ante un simple instrumento de análisis, sino ante la antesala de un nuevo capítulo de intervencionismo en el mercado de la vivienda, una receta que allí donde se ha aplicado ha dejado un rastro de escasez, destrucción de oferta y más dificultades de acceso.
Los responsables municipales insisten en que el Observatorio nace para “tomar decisiones responsables” y “políticas basadas en evidencia, no en percepciones”. El concejal Adolfo Cordobés lo justifica señalando que las fuentes actuales “mezclan datos de años distintos y series temporales no comparables”. Es un argumento razonable en su forma, pero profundamente sospechoso en su intención. ¿Para qué necesita un ayuntamiento un sistema “estable, riguroso y actualizado” de análisis del mercado residencial? La respuesta está en la letra pequeña: para cumplir con los requisitos de la Ley estatal 12/2023 y poder “evaluar cualquier figura de regulación, incluida la declaración de zonas de mercado residencial tensionado”.
Es decir, el Observatorio no es un fin en sí mismo. Es la infraestructura técnica necesaria para justificar lo que ya se pretende hacer: declarar La Laguna como zona tensionada y, con ello, activar los mecanismos de control de rentas que la ley permite. Se presenta como ciencia, pero opera como herramienta política al servicio de una agenda intervencionista predefinida.
Cataluña fue la primera comunidad en aplicar de forma generalizada el control de rentas. Desde marzo de 2024, más de 270 municipios han sido declarados zonas tensionadas, con Barcelona como epicentro. ¿El resultado? Un experimento de laboratorio en toda regla que ya arroja conclusiones devastadoras.
La oferta de vivienda en alquiler en Cataluña ha pasado de 154.663 unidades en 2023 a 96.742 previstas para 2026: una pérdida neta de casi 60.000 viviendas en apenas tres años. En el mismo periodo, Madrid, donde no se ha aplicado limitación alguna a las rentas, apenas ha perdido 2.037 unidades. La comparación no admite muchas interpretaciones: la intervención destruye oferta.
El efecto sobre el acceso es aún más cruel. El número de personas interesadas en una misma vivienda en los diez primeros días desde su publicación ha pasado de 80 en el primer trimestre de 2024 a 355 en el mismo periodo de 2026. En Barcelona, la cifra alcanza los 453 contactos por inmueble. Los precios, en cambio, no han caído de forma sostenida. Tras una corrección inicial del 6% en Barcelona, el mercado se estabilizó y repuntó un 3% durante 2025.
La conclusión es tan simple como incómoda: cuando se limita el precio, los propietarios retiran sus viviendas del mercado de alquiler tradicional y las desvían a otros usos —venta, alquiler de temporada, inactividad— o simplemente no invierten en nueva oferta. El resultado no es vivienda más barata, sino menos vivienda disponible y más competencia por cada unidad que queda. La ULL no aplica los principios que se estudian en su Facultad de Económicas, sobre el mercado, la oferta y la demanda.
El propio cordobés afirma que el Observatorio permitirá “superar las limitaciones actuales”. Pero las limitaciones actuales no son un problema de datos: son un problema de consecuencias. Los datos ya existen. Lo que falta es voluntad de reconocer lo que esos datos muestran.
La experiencia catalana no es un caso aislado. Es el resultado predecible de un marco legal que confunde precio con accesibilidad y que cree que se puede decretar por norma lo que solo la oferta puede resolver. La Ley 12/2023, en lugar de estimular la construcción, la rehabilitación y la seguridad jurídica para los propietarios, ha creado un laberinto regulatorio que desincentiva la inversión y castiga a los arrendadores. Y ahora La Laguna quiere entrar en ese laberinto con la bendición de un sello académico.
El rector de la ULL, Francisco García, afirmó en la firma que “la Universidad tiene la responsabilidad de poner su conocimiento al servicio de la sociedad”. Cierto. Pero poner el conocimiento al servicio de una política que la evidencia empírica desmiente no es servicio público: es legitimación técnica de un error anunciado. Es la crónica de una muerte anunciada, y todo ello con dinero público.
La Laguna tiene un problema real de vivienda. Lo tiene toda España. Los precios de alquiler son altos, la oferta es limitada y el acceso se complica para amplias capas de la población. Nadie lo niega. Pero la respuesta no puede ser repetir la receta que ha fracasado en Cataluña. Un Observatorio que nace con el objetivo declarado de facilitar la declaración de zona tensionada no es una herramienta de diagnóstico: es un instrumento de intervención disfrazado de análisis.
La evidencia está sobre la mesa. Cataluña, meca del intervencionismo público en materia de vivienda, ha perdido 60.000 viviendas de alquiler. Los interesados por vivienda se han multiplicado por cuatro. Los precios, tras un breve alivio, vuelven a subir. Y el parque de vivienda disponible sigue menguando. Cada vez que una administración decide “proteger” a los inquilinos limitando precios, lo que realmente hace es proteger a los propietarios actuales de la competencia de nuevos oferentes y condenar a los más vulnerables a competir por migajas.
La Laguna está a tiempo de elegir otro camino. Uno que priorice la seguridad jurídica, la colaboración público-privada para la construcción de nueva vivienda y la movilización de la vivienda vacía con incentivos, no con prohibiciones. Pero si el Observatorio se convierte, como todo apunta, en el trampolín hacia la zona tensionada, el municipio no tardará en descubrir que el remedio era peor que la enfermedad.
