Güímar, a 27 de agosto de 2026.- El escándalo medioambiental que salpica al Valle de Güímar desde hace años ha dado un paso de gigante. La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife ha presentado su escrito de acusación y solicita penas de prisión que pueden alcanzar los cuatro años para los cuatro regidores y exregidores acusados de permitir, presuntamente, el vertido continuado e incontrolado de aguas residuales al mar desde el Polígono Industrial del Valle de Güímar.
El juicio, uno de los de mayor calado medioambiental de la historia reciente de Canarias, comenzará el 8 de febrero de 2027 en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Los acusados serán interrogados el 16 de febrero, en el transcurso de un proceso que se prolongará durante varias jornadas.
¿Quiénes son los cuatro acusados?
Los cuatro procesados son dos alcaldesas en activo y dos exalcaldes de los tres municipios que comparten la gestión del polígono:
- Carmen Luisa Castro Dorta (actual alcaldesa de Güímar).
- María Concepción Brito (alcaldesa de Candelaria).
- José Gumersindo García Trujillo (exalcalde de Candelaria).
- José Juan Lemes Expósito (exalcalde de Arafo).
El Ministerio Público les atribuye la presunta comisión de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, así como un delito de prevaricación por omisión.
El origen del caso: un vertido masivo e incontrolado
La historia de este proceso judicial se remonta a una denuncia presentada en 2017. La investigación destapó una situación de «absoluta ilegalidad» en el polígono, que abarca una superficie de 1,8 millones de metros cuadrados y alberga entre 200 y 300 empresas.
Según el escrito de la Fiscalía, los acusados, «de forma deliberada y sin justificación», se «abstuvieron» de adoptar las medidas necesarias para el mantenimiento y control de las instalaciones de saneamiento. No destinaron partidas presupuestarias para su conservación, no contrataron personal de mantenimiento y no supervisaron el impacto de los vertidos en el medio marino.
Un daño ambiental «grave» para la salud y el ecosistema
La Fiscalía describe un escenario de «absoluto abandono». Las instalaciones quedaron «desvalijadas», las bombas sin funcionamiento y se apreciaban «signos de rebose del caudal del vertido», llegando a existir «peligro para la vida o salud de las personas».
El vertido conjunto de aguas residuales industriales y fecales provocó un «riesgo grave» para la calidad de las aguas y para la salud de las personas en las zonas de baño. Las muestras revelaron que se superó de forma continuada en «cien veces» el nivel de la bacteria fecal E. coli, vulnerando directamente la normativa medioambiental. Una inspección submarina constató que todos los residuos se vertían al mar por un único punto, ya que los demás difusores estaban obstruidos.
Las penas solicitadas por la Fiscalía y la acusación popular
La Fiscalía solicita para cada uno de los cuatro acusados:
- 4 años de prisión por el delito medioambiental.
- Inhabilitación especial de 2 años y 6 meses para cualquier profesión u oficio que implique tareas medioambientales.
- Multa de 21 meses, con una cuota diaria de 20 euros.
- 13 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el delito de prevaricación.
La acusación popular, ejercida por Sí se Puede e Izquierda Unida, eleva aún más la petición de penas: reclama 5 años de prisión, una multa de 24 meses y 15 años de inhabilitación para cada acusado.
Un juicio que marcará un precedente
El procedimiento, en el que llegaron a estar investigadas doce personas, se centra ahora en la responsabilidad de los cuatro regidores. Durante las ocho sesiones del juicio está previsto que declaren agentes de la Guardia Civil, policías locales, técnicos municipales y diversos peritos.
La vista oral, que se celebrará en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial, no solo determinará la responsabilidad penal de los acusados, sino que se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la impunidad en materia de delitos medioambientales en el archipiélago. Este caso pone de manifiesto las graves consecuencias de la falta de inversión y control en infraestructuras críticas para el saneamiento, que durante años convirtieron el litoral del Valle de Güímar en un vertedero a cielo abierto, con un alto coste para la salud pública y el ecosistema marino.
