En Candelaria, a 16 de mayo de 2025.- La instalación de los parques eólicos El Pilón I y II en los municipios de Güímar y Fasnia, promovidos por DISA Energía Renovable, enfrenta un nuevo revés. A la oposición vecinal y política se suma ahora un informe desfavorable emitido por el Departamento de Edafología de la Universidad de La Laguna (ULL), que advierte sobre la «grave afectación» de estos proyectos al yacimiento arqueológico Bandas del Sur y al entorno natural del Barranco de Herques, espacio protegido como Monumento Natural.
Los informes de la ULL y de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, coinciden en señalar que los parques eólicos —con una inversión de 26,7 millones de euros y seis aerogeneradores— afectarían directamente a zonas de alto valor patrimonial y ecológico. Entre los puntos críticos destacan:
- Impacto arqueológico: El yacimiento Bandas del Sur, clave para entender el pasado aborigen de Tenerife, y el Barranco de Herques, que alberga vestigios guanches, sufrirían daños irreversibles debido a las obras de instalación de torretas y cableado.
- Afecciones ambientales: La Reserva Natural Especial del Malpaís de Güímar y áreas de la Red Natura 2000 se verían comprometidas, poniendo en riesgo especies endémicas como el bisbita caminero, murciélagos y flora autóctona como la tabaiba.
- Deficiencias en los estudios: Los informes técnicos del promotor se basan en catálogos arqueológicos desactualizados y omiten prospecciones recientes que identifican 47 enclaves patrimoniales en Agache, según denuncia el colectivo Imastanen.
La oposición institucional es unánime. Los ayuntamientos de Güímar y Fasnia han presentado 69 alegaciones conjuntas, cuestionando la falta de rigor en los estudios de impacto ambiental y la ausencia de alternativas viables. El alcalde de Güímar, Gustavo Pérez (CC), subraya que el proyecto «no está amparado por el Plan General de Ordenación» y afecta a suelos clasificados como rústicos de protección ambiental. Mientras que en Fasnia, el regidor Luis Javier González (PSOE), recalca que la reducción de aerogeneradores —de cinco a cuatro— no mitiga el daño al paisaje agrario y cultural.
La plataforma Ecomarca Sureste, integrada por más de 200 vecinos, ha canalizado el descontento social, organizando asambleas y exigiendo una transición energética «justa y participativa» .
Mientras DISA defiende que los proyectos «cumplen todos los requisitos legales» y se enmarcan en zonas de aceleración de renovables del Gobierno canario 1, expertos y colectivos critican la mercantilización de la transición ecológica. Víctor Rodríguez, portavoz de Drago Canarias, señala: «No se han evaluado las necesidades reales de la comarca, y los beneficios quedan en manos privadas» .
La ULL, en su informe, también cuestiona la falta de análisis sobre el impacto acústico, lumínico y en cauces naturales, así como la omisión de protocolos para el desmantelamiento futuro de las instalaciones.
El conflicto refleja una tensión global: cómo conciliar la urgencia climática con la protección del patrimonio y el territorio. Nayra Caraballero, concejala de Desarrollo Rural en Güímar, resume el sentir de muchos: «Apoyamos las renovables, pero no a costa de convertir nuestra tierra en zona de sacrificio» 16.
Mientras el plazo de alegaciones ha expirado, la sombra de proyectos fallidos como el parque fotovoltaico de Arico —autorizado sin considerar informes patrimoniales— planea sobre el debate. La pregunta ahora es si las instituciones canarias priorizarán el «interés general» o escucharán a una ciudadanía que clama por un modelo energético justo y respetuoso.
