El Ayuntamiento de Fasnia, un municipio del sur de Tenerife con poco más de 3.000 habitantes, recibió en 2023 una subvención de 10.000 euros del Cabildo Insular para desarrollar proyectos de recuperación de la memoria histórica. Esta iniciativa, enmarcada en la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, ha desatado un debate sobre el uso de fondos públicos en contextos donde servicios básicos como infraestructuras o atención social parecen exigir mayor atención, que no estos estos estudios interesados por rescribir la historia desde el Gobierno de España.
El proyecto de Fasnia incluyó:
- Investigaciones históricas:
- Un estudio sobre la ebullición política durante la II República en el municipio.
- Un análisis de la represión tras el estallido de la Guerra Civil, centrado en víctimas locales.
- Material divulgativo:
- La creación de un libro y un vídeo documental con testimonios de familiares de represaliados.
- Dos conferencias públicas para difundir los hallazgos del estudio.
La financiación provino de una convocatoria del Cabildo de Tenerife, que destinó 145.000 euros en 2023 a proyectos similares en municipios de la isla, un aumento del 45% respecto a 2022. Mientras las autoridades defienden la importancia de «recuperar la verdad histórica» y «reparar moralmente a las víctimas», críticos señalan que este tipo de gastos son un «derroche» en municipios con carencias en servicios esenciales.
Fasnia, por ejemplo, enfrenta desafíos en movilidad, acceso a salud y empleo, según denuncian vecinos. El cuestionamiento se enmarca en un debate nacional más amplio. En julio de 2023, el gobierno central modificó los límites presupuestarios para destinar 895.000 euros a subvenciones para memoria histórica, una medida tildada de «electoralista» por sectores políticos y económicos que alertan sobre el aumento del déficit público 11.
Mientras hay posturas a favor: «Es vital no olvidar los hechos de la dictadura para que no se repitan», destacan que estos proyectos fomentan la identidad local y cumplen con leyes autonómicas y estatales. Y en contra hay críticos que acusan a las administraciones de priorizar agendas ideológicas sobre necesidades urgentes. «¿De qué sirve un libro sobre la Guerra Civil si faltan plazas de guardería o arreglos en carreteras?», cuestiona un residente fasniero que lamenta que no se utilice el dinero público en necesidades reales.
Las subvenciones están reguladas por la Ley 38/2003 de Transparencia, que exige a los beneficiarios publicar detalles de las ayudas si superan 5.000 euros y representan el 40% de sus ingresos 9. El Ayuntamiento de Fasnia, al recibir 10.000 euros —el máximo permitido por proyecto—, cumplió con esta normativa al difundir la información en su web municipal .
La tensión entre preservar la memoria colectiva y atender necesidades inmediatas refleja un dilema recurrente en la gestión pública. Mientras el Cabildo insiste en que estos proyectos «educan a las nuevas generaciones» , la ciudadanía exige priorizar lo tangible. En un contexto de inflación y recortes, el debate sobre el destino de los fondos públicos parece lejos de cerrarse.
